El requerimiento busca que el Tribunal Constitucional examine la legalidad de las disposiciones del Decreto Supremo Nº 68, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), por sus efectos sobre los planes reguladores y las atribuciones de los municipios.
Santiago, lunes 26 de octubre de 2026.- Los diputados Ana María Gazmuri, Tatiana Urrutia y Marcos Barraza, junto a Claudio Orrego, gobernador de Santiago; Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central; Luis Eduardo Bresciani, profesor de la Escuela de Arquitectura UC, Cristian Castillo, Premio Nacional de Arquitectura 2024, y Valeria Bustos, vocera del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, presentaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo Nº 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que introduce modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La acción cuestiona disposiciones que podrían alterar de manera sustantiva las condiciones de planificación urbana, mediante cambios en los factores de conversión de densidad habitacional, reducciones en las exigencias de estacionamientos y mayores beneficios de constructibilidad y altura para determinados proyectos inmobiliarios.
La diputada Ana María Gazmuri (INDP), miembro de la Comisión de Vivienda, señaló: “Presentamos un requerimiento de inconstitucionalidad de ciertos artículos, de ciertos aspectos de la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción presentada por este Ministerio de Vivienda y que fue tomada en razón por Contraloría. Hay ciertos aspectos que vulneran artículos de la Constitución como el número 6, 7, 32, 6 y la 118 y que tienen que ver justamente con el principio de jurisdicción, con los límites de las competencias del Ejecutivo y las atribuciones de los municipios que aquí se han visto vulneradas con esta modificación que ha sido presentada por el Gobierno. Tiene que ver con el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros barrios y lo que ha ocurrido con esta modificación incorporada por el ministro Poduje, por este gobierno, permite aumentar la densificación, permite justamente avanzar en lo que no queremos en nuestros barrios sin un amplio diálogo social, sin considerar las condiciones de la ciudad”.
El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que “un decreto no puede reemplazar la planificación de la ciudad ni el trabajo de técnicos, vecinos y autoridades locales y regionales. Creemos en una ciudad más compacta, pero con servicios, espacios públicos y transporte. Si queremos una ciudad resiliente ante el cambio climático, que no construya nuevos guetos ni repita experiencias de hacinamiento, debemos fortalecer las atribuciones de municipios y gobiernos regionales. Por eso apoyamos este requerimiento, creemos que esta norma es inconstitucional. La densificación tiene que ser planificada y equilibrada”.
Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señaló: «Estación Central es un claro ejemplo de cómo este tipo de medidas tienen un impacto dentro de la ciudad. La falta de equipamiento, los problemas de infraestructura sanitaria que frecuentemente nosotros vivimos en la comuna y que generan colapso, vemos que hoy se pueden replicar en otros lugares”.
El jefe comunal agregó que “es importante dar cuenta de que en lugares donde antes se permitía cierta cantidad de departamentos, con estas modificaciones a la OGUC, se van a permitir más unidades, pasando por encima de lo que hemos planteado en los distintos planos reguladores comunales”.
Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA) comentó «Este gobierno llegó con la promesa de un Chile de propietarios, pero lo que ha hecho, a través de esta modificación y de la megarreforma, es favorecer a las inmobiliarias. Si le quieren dar beneficios a las inmobiliarias, también tiene que darles certeza jurídica a los ciudadanos, que somos finalmente quienes habitamos la ciudad”.
Urrutia agregó que “nuestro llamado es a que el ministro de Vivienda se pronuncie, porque ha mantenido un silencio absoluto. El que sí ha hablado es el ministro de Economía y eso deja en evidencia que esta modificación no se trata de vivienda. Se trata, una vez más, de la visión ideológica de un gobierno que favorece a un sector en desmedro de la gran mayoría de los chilenos».
El diputado Marcos Barraza (PC) señaló que “quiero fundamentar el apoyo a este requerimiento frente al Tribunal Constitucional en dos razones de fondo, que vulneran la Constitución y las leyes de la República. En primer lugar, aquí está operando un exceso de potestad reglamentaria, no se puede modificar la norma general de vivienda y urbanismo vía reglamentaria sin pasar por el Congreso, entonces es una vulneración del Estado de Derecho. Pero, en segundo lugar, se vulnera la autonomía municipal. Municipios como Estación Central han, con mucho esfuerzo, construido sus planos reguladores comunales que regulan la densidad habitacional que es razonable para una ciudad como Estación Central. De aquí se estaría vulnerando la autonomía municipal. Entonces, lo que no queremos es que vuelva a retrotraerse la planificación urbana a densidades habitacionales incapaces de sostener las ciudades”.
Por su parte, el profesor de la Escuela de Arquitectura UC, Luis Eduardo Bresciani, enfatizó en que «La planificación urbana es la manera de lograr calidad de vida en los barrios, descentralizar la toma de decisiones, generar más participación ciudadana y fundamentalmente planificar con evidencia y con estudios. Por primera vez en muchos años, a pesar de que existían excepciones en la ley, este gobierno ha transgredido por completo lo razonable. No solamente modificando los planes reguladores en forma dramática, sino impactando en la calidad de vida. Actualmente la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice con claridad que este tipo de normas tienen que propiciar a la armonía de las ciudades, a la integración social y a la calidad de vida en los barrios con mayor equipamiento y espacio público. Y, por lo tanto, una norma vía decreto presidencial que modifica, que triplica la cantidad de viviendas permitidas en un plan regulador en cualquier parte de Chile, que permite aumentar en un 50% las alturas y en un 75% la construcción, no es una mera norma de excepción, sino que es algo que transgrede por completo las confianzas y lo que las mismas leyes y el Parlamento ha aprobado por décadas en Chile».
El premio nacional de arquitectura 2024, Cristian Castillo, señaló que “estos cambios que pretenden hacerle a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, por supuesto que nos va a llevar a la destrucción de la ciudad, no solo de Santiago, de cada ciudad, de cada pueblo a lo largo de nuestro territorio y eso tenemos que defenderlo. Acá estamos con los pobladores y pobladores en lucha para impedir que el ministro Poduje, que el ministro Quiróz, que el gobierno logre el objetivo de transformar nuestra ciudad en una ciudad donde lo que impera es el negocio”.
Valeria Bustos, Vocera del movimiento nacional de pobladoras y pobladores. “esta es una medida que viene a perjudicar a las familias organizadas, viene a amenazar las conquistas que tanto ha costado el movimiento popular. Claramente esto es un guiño, esto es un pase, este es un pase de costado que le están haciendo las inmobiliarias. Chile se está convirtiendo en un país que solo busca favorecer a los más ricos en perjuicio de las familias más pobres. Como madres, como padres, como abuelas y abuelos, no vamos a permitir que se siga gobernando así. Estaremos en la calle una y mil veces sea necesario, porque las conquistas del pueblo se respetan ayer, hoy y se respetarán mañana. Le decimos hoy aquí al Señor que no nos parece que nos haya cerrado la puerta nuestra mesa nacional, porque le manifestamos diferencias de opiniones. La opinión de las poblaciones y los pobladores es tan válida como la de una autoridad y lo haremos saber hoy y siempre”.
Con esta presentación, las autoridades buscan que el Tribunal Constitucional revise las disposiciones impugnadas y determine si se ajustan al marco constitucional que regula las atribuciones del Ejecutivo y las competencias municipales.
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