Santiago, 15 de mayo 2024.- El Gobierno de Santiago informa que, respecto de la querella presentada en septiembre de 2022 por el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, ante la adjudicación de proyectos relacionados al FNDR 6% por los delitos de apropiación indebida y otros que se determinen en el transcurso de la investigación, por montos que ascienden a los $500 millones, la actual administración se encuentra colaborando con los requerimientos del Ministerio Público, con la intención de aportar a las diligencias de investigación en curso para esclarecer los hechos relatados en la querella.
El 26 de septiembre de 2022 desde el Gobierno de Santiago, presentamos tres querellas en contra de las siguientes instituciones: ONG RCKLT, Corporación Patrimonial Historias Nuestras y Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida, por no haber devuelto los dineros asociados a los siguientes proyectos: Masivo Zumba (Fondo 6%), Proyecto de Economía Circular en Cárceles (FNDR), Masivo Spinning (Fondo 6%) y Masivo de entrenamiento funcional (Fondo 6%).
Desde la presentación de las querellas, hemos tomado un rol activo en la colaboración de la investigación de esta causa, instando a cada fiscal responsable de la indagatoria para avanzar con ella, poniendo a disposición los documentos y archivos vinculados a los últimos días de la administración anterior. En este sentido, hemos solicitado al Ministerio Público la formalización de la investigación en contra de los responsables y, además, hemos pedido al Juzgado de Garantía competente el congelamiento de las cuentas bancarias de las ONGs involucradas.
Como Gobierno de Santiago, hemos usado todas las vías legales existentes para recuperar los dineros que han sido defraudados por estos hechos delictivos, y por ello, estamos atentos a los pasos que ahora sigue el Ministerio Público y el OS7 de Carabineros de Chile, todo ello de cara a lo que esperamos sea una próxima formalización de los responsables, para acabar con estas dinámicas de corrupción.
Irregularidades detectadas tras la investigación hecha por el Gobierno de Santiago:
1) Se aprobó sin respetar evaluación interna.
2) Los directivos de las tres organizaciones están emparentados entre sí y tenían un mismo domicilio, lo que está expresamente prohibido.
3) Los precios de las actividades estaban abultados respecto de precios de mercado.
4) No se exigió ninguna boleta de garantía o póliza de seguro (nosotros lo exigimos para todos los proyectos desde el día uno y cuando son grandes hasta por el 100%).
5) Estas actividades masivas se iban a realizar en medio de la pandemia (pese a la prohibición de reunión).
Junto con la querella, el Gobierno de Santiago puso término al convenio y exigió la restitución de los 500 millones de pesos. Hasta ahora no se han devuelto, por lo que también acusamos fraude al fisco y estamos exigiendo la restitución de los fondos públicos.
