Santiago, 30 de agosto de 2025.- El estudio busca gestionar sustentablemente el predio fiscal más grande de la región para dar valor a su diversidad histórica y ecosistémica, ya que es la mayor fuente de agua dulce que tenemos en la región Metropolitana.

Durante 18 meses de trabajo, más de 60 organizaciones se reunieron en seis mesas de trabajo que establecieron lineamientos para el Predio Río Colorado. En la última instancia, instituciones como las carteras de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, CONAF y el mismo Gobierno Regional participaron y definieron la ruta a seguir: un Plan de Manejo de cuatro años, partiendo desde el 2026 hasta 2030, y un Plan Maestro de Infraestructura para el Uso Público.

Al respecto, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, explicó: “La RM es una región de montaña, más del 50% de nuestra superficie entra en esta categoría. Por eso, desde el Gobierno de Santiago estamos haciéndonos cargo de esta realidad, a través del estudio de este predio que, por cierto, abastece de agua a 8 millones de personas a través de los glaciares que hay en la zona”.

El jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Mauricio Fabry, ahondó en las características de esta zona: “Es una zona donde coexisten distintas actividades económicas y sociales: minería, turismo, ganadería y arrieros, montañismo, etc. El desconocimiento de esta realidad afectaba de forma negativa la zona por eso, es deber de nosotros como ciudadanas y ciudadanos hacer de la región un ecosistema integrado”.

“La realidad social del predio es muy compleja, considerando que representa un 29% de la superficie de la comuna de San José de Maipo y que alberga una población de más de 400 personas. De ellas, según los datos levantados por nuestro estudio, al menos la mitad de los habitantes se encuentra en situación de pobreza en términos de los ingresos que percibe. Además, la gran mayoría no cuenta con títulos de dominio de sus tierras”, complementó Gabriela Silva, profesional de Estrategias de Conservación de WCS Chile.

En ese sentido, este cierre marca el inicio de la etapa de implementación: gobernanza colaborativa, financiamiento sostenido y corresponsabilidad entre actores.